La pequeña Isa quiere ir a prisiones (III)

Perdida totalmente. Sin saber actuar, como un conejito cuando le dan las largas, me llama la pequeña Isa para que le aclare nuevos conceptos. Todavía no he terminado de exponerte lo básico, peque. Ya, pero es que estoy en los primeros temas y, sin entender eso, no puedo avanzar. Te dije que esto no iba a ser fácil.

El mundo jurídico es difícil de comprender porque no se han dado nociones básicas en el colegio. Pero más difícil de comprender es, precisamente, por qué no se dan esas nociones toda vez que el Derecho no es ni más ni menos que la plasmación en papel de las reglas que hemos aceptado para convivir. Vivimos en Derecho, ¿por qué no conocer las normas básicas entonces? ¿Saben cuántos problemas se evitarían?

Bueno, pero vayamos al grano. Hasta el momento, a fin de que puedas ir entendiendo el cuerpo de tu oposición, hemos intentado explicar los conceptos básicos de qué es un orden jurisdiccional y qué puede ver (juzgar). Pero claro, habrá que saber qué es lo que se va a juzgar. Aunque en todos los órdenes están igual, o casi, nos vamos a centrar en el orden penal que es el que te interesa.

Hay dos “libros” que van a dirigir el orden penal.

Uno responde al “qué” se debe condenar, qué condena lleva, qué eximentes (circunstancias que te libran de condena) hay, qué atenuantes (rebaja en la condena, para entendernos) o agravantes (aumentan la condena), etc. Este libro es el Código Penal. En realidad es una Ley Orgánica (L.O.).

El otro libro es aquel es el que te responde al “cómo” ha de juzgarse el delito que sale del código penal, a fin de que la sentencia firme sea lo más ajustada a Derecho posible. En realidad este también es una Ley, aunque no Orgánica. Es la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Esto es a grandes rasgos, porque luego tienes la Ley del Menor, el Código Penitenciario, la Ley del Jurado… En otros órdenes tienes código civil y ley de enjuiciamiento civil (hay muchas más normas civiles, claro), estatuto de los trabajadores y ley reguladora de la jurisdicción social, la ley del procedimiento administrativo común y la ley la jurisdicción contencioso-administrativo… Todos los órdenes tienen muchísimas más leyes en cada orden, pero como aproximación te viene bien.

Y como aplicable a todo procedimiento, y como interpretación de los artículos del Código Penal, está la jurisprudencia. La jurisprudencia no se compone de artículos, ni de manuales o comentarios. La jurisprudencia se compone de sentencias. Estas sentencias complementan o matizan lo que la ley dice, quiere decir, o de cómo debe ser interpretada. Una sentencia no es jurisprudencia entendida como tal (es decir, aplicable directamente). Se suele distinguir entre jurisprudencia mayor (la que dicta el Tribunal Supremo o Constitucional) y la menor (la que dictan las Audiencias Provinciales).

Por ejemplo, en un artículo del Código Penal puede decir que se castigarán las vejaciones. O en otro habla de “primera asistencia médica”. Pero ¿cuándo y qué debemos entender por “vejaciones”? ¿Y qué o cuándo es “primera asistencia médica”? Pues eso resuelve la jurisprudencia (entre otros, claro).

Cuando es reiterada en el mismo sentido podremos decir que todos los juzgados o tribunales que estén “por debajo” (recuerda que te dije que los jueces no tienen jefes) lo van a aplicar. ¿Pueden no hacerlo? Claro, pero lo normal es que se recurra por la parte que no le ha hecho caso y, el órgano superior, por lo general, se mantendrá en lo que dijo (su jurisprudencia). Al igual que lo anterior, la jurisprudencia está para todos los órdenes. Es una parte básica para el enjuiciamiento y sentencia en cualquier procedimiento.

Por cierto, sentencia firme es aquella contra la que ya no cabe ningún recurso. Ha de cumplirse sin más dilación en los estrictos términos que establezca.

Empezando con el Código Penal, hay que tener en cuenta muy mucho los principios generales del derecho penal. Estos determinan tanto la aplicación del Código Penal como del enjuiciamiento y, sobre todo, de la sentencia. Creo que no se me pasa ninguno.

Principio de prohibición de retroactividad. No se puede condenar a nadie por un delito que, al momento de cometerse los hechos, no fuese delito. Esto es, si hoy realizo una acción que ya no es delito, no puedes condenarme por algo que al tiempo de realizar la acción no era delito. Igualmente, no puedes condenar algo que se realizó cuando no era delito y ahora sí. Da igual la distancia en el tiempo. Aunque sea una hora antes de haber sido dictado como delito. Este está muy ligado con el principio de legalidad, incluso lo puedes ver todo como un todo bajo la legalidad.

Principio de legalidad. Sólo se puede condenar por lo que diga la ley, en sus estrictos términos, y que la ley lo diga en el momento en que se cometa el acto, claro. Por supuesto, implica también que solo por aquello que sea de ley, no de la práctica o las costumbres. No vale eso de “aquí eso es delito” y lindezas similares. O viene en la ley (y se cumplen todos los requisitos del tipo -esto es, del delito especificado en el Código Penal-) al tiempo de realizarse la acción o no se puede.

Principio de autoría. Evidentemente, nadie puede ser condenado por algo que no ha realizado. En el caso de los menores, los padres (o tutores) responderán de la responsabilidad civil. Hay distintas formas de autoría, por cierto, como cómplices, coautor, cooperadores o inductor

Principio de “no bis in ídem”. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Ojo, no es lo mismo cometer dos actos que sean dos delitos aunque del mismo tipo y naturaleza, que podría ser reincidencia o delito continuado, por ejemplo. Ejemplo: cometer dos robos son dos delitos. Juzgarte, por el contrario, por un robo en el que sales inocente con sentencia firme, impide que puedan juzgarte otra vez por ese robo del que te juzgaron (no dos veces el mismo).

Principio de igualdad. Poco más hay que decir. Todos iguales frente a la ley. Eso sí, no confundir con solicitar la igualdad en la ilegalidad. Esto es, no es excusa el “¿por qué a mí me multan y a los demás no si lo han hecho antes? O les multan a ellos o a mí no pueden”. Eso es una SOLEMNE tontería, que no lleva más que a reconocer los hechos. Se dirige procedimiento contra quien ha cometido la infracción. Que los demás no hayan sido sancionados no quiere decir que tu acción ilícita no deba ser sancionada. Si quieres, les denuncias a ellos, pero nada más.

Principio “in dubio pro reo”. Es uno de los más conocidos. Como nuestro Derecho entiende que la limitación de los derechos es una pena muy grave para quien la sufre, la sentencia que lo dicte ha de ser con todas las garantías de que realmente ha sido así y que el condenado es realmente el autor. Por tanto, si hay alguna duda razonable, no se le puede condenar.

Principio de presunción de inocencia. Al hilo del anterior, pero previo al mismo. Mientras que “in dubio pro reo” es aplicable en sentencia (aunque se pueda alegar antes), la presunción de inocencia comienza desde el mismo momento en que se dirige el proceso contra ti hasta la sentencia. Eres inocente y la acusación ha de demostrar que eres culpable. Ello no quiere decir que no se lleven a cabo investigaciones en las que aparezcas como sospechoso (investigado). Una cosa no quita la otra.

Principio de proporcionalidad. La condena ha de ser proporcionada al delito cometido. Aunque todos los delitos tienen una horquilla de condena, no se puede poner una pena desproporcionada (aun cuando esté dentro de esa horquilla) a un delito que merece una condena más leve o inferior. ¿3 años de prisión por el robo de un cd de música que te has metido del Carrefour en el bolso, sin pegar a nadie ni nada? Parece desproporcionado, ¿no?

Prohibición de analogía. Sólo se permite la analogía cuando se habla de atenuantes. Nunca en el tipo penal ni en la agravante. Analogía viene a ser un “se parece”, “es casi como si dijésemos”, “no se cumple todo pero casi”… etc.

Uno de los más olvidados es que el derecho penal se aplicará como “ultima ratio”. ¿Qué es esto? Que por todo lo que te he comentado, dado que el sistema es garantista y no quiere condenar a la ligera, si un asunto puede solventarse por otro orden que no sea el penal, el procedimiento penal “se aparta”. Hay que acabar previamente con cualquier otra vía: civil, social, administrativa… la que sea. Por ejemplo, no reclamas el pago de una deuda, y metes un procedimiento por alzamiento de bienes porque te han dicho que esa persona (o empresa) se ha deshecho de todo lo que tiene para no pagar. Primero tienes que intentar el cobro y, cuando no te pague y veas que se ha descapitalizado para no pagarte, entonces iniciar el procedimiento penal (esto es un ejemplo y, como siempre, a grandes rasgos).

Espero que te haya servido. Mañana sigo, que ahora se me hace tarde. Intentaremos, entonces, entender las fases de atestado, instrucción, juicio y recursos.

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