La pequeña Isa quiere ir a prisiones (II)

Aprovechando que yo no tengo tiempo, y que tú no puedes permitirte perderlo, voy a dedicar este lapsus que debería emplear en descansar, en intentar explicarte algunos otros términos para que el temario te resulte más ligero, procurando, por tanto, que el resultado sea una buena inversión para los dos: para ti, que puedas avanzar con mayor fluidez en tu estudio; para mí, para recordar conceptos que, por básicos, uno olvida repasar.

No se me ocurre mejor manera que hacerlo lo más sencillo posible, siendo esto, por el contrario, lo más difícil de hacer. Para examen exhaustivo te sigo recomendando tanto manuales, como doctrina, como apuntes que te vayan dando. La idea, aquí, es que comprendas directamente unos términos que son esenciales para entender el resto de tu temario, no hacer un manual o que estos sean los apuntes para la oposición.

Como dejamos en su momento el tema en la distinción de los órdenes jurisdiccionales, previo a la necesaria distinción entre demanda, denuncia y querella, tienes que saber qué es eso de la competencia objetiva, territorial y funcional de la que se habla. Empecemos por la punta:

La competencia objetiva es la que determina que un determinado órgano conozca un asunto o no pueda conocer de otro. Parece complicado, pero no lo es. Prácticamente en todos los momentos de tu día a día ocurre. Viene a ser esa respuesta que te dan (o que das) de “ese papel no es aquí, tienes que presentarlo a mi superior, porque yo no puedo decidir”. Así, en penal que es lo que te toca, por ejemplo, la tramitación de un asunto de violencia contra la mujer no lo va a investigar un juzgado de instrucción cualquiera. Corresponde al Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Igual pasará con Menores, por ejemplo. Pero también con respecto a determinados delitos. Por ejemplo, un juzgado de Paz no puede juzgar una estafa. Un Juzgado de Instrucción debe llevar la instrucción (fase previa a juzgar), pero no juzgar la estafa, por ejemplo. Un asesinato ha de llevarse a un juicio con jurado… ¿Adivinas para qué asuntos está el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria?

La competencia territorial nos dice, una vez que sabemos que tiene que tramitar el asunto un determinado juzgado (pensemos que están todavía investigando, con lo que en orden penal será uno de instrucción), de dónde deberá ser ese juzgado. ¿Puede ser el que elija uno? ¿Puede ser cualquiera de España? No, hay unas normas. En penal será competente el juzgado de instrucción del partido judicial donde se haya cometido el delito. Es decir, que si se comete un delito en Alcobendas, no se tramitará en Valencia, sino en el del Partido Judicial al que pertenezca Alcobendas. Hay excepciones, claro, como aquellos en los que sea competencia de la Audiencia Nacional, o del Tribunal Supremo…

La competencia funcional es la que determina qué Juzgado verá cada fase del procedimiento. Pensemos en penal. En un delito “general”, con una petición de condena de 3 años de prisión. La investigación (instrucción), la llevará a cabo el Juzgado de Instrucción. Cuando se acabe esa investigación (se hayan practicado todas las pruebas para ver si hay o no delito y, en su caso, si hay o no presunto culpable conocido) juzgará el Juzgado de lo Penal. Si no gusta la sentencia, se podrá recurrir a la Audiencia Provincial. Pero no se puede alterar ese sistema.

Ejemplo penal. Comisión de un delito de lesiones en Murcia capital. Piden 2 años de prisión.  Será competente la jurisdicción penal (el asunto es un delito). Como es un delito de una determinada pena será competente para la investigación el juzgado de instrucción (primero se investiga), del partido judicial de Murcia (el que corresponda por turno). Cuando se haya practicado toda la prueba, si hay indicios de delito y, al menos, una acusación, se juzgará en el Juzgado de lo Penal de Murcia que corresponda por turno. Si la sentencia no convence, se puede recurrir a la Audiencia Provincial de Murcia.

Espero que te haya quedado un poco más claro. Son conceptos que han de estar claros para la tramitación, pero en principio, en la esfera de tu oposición, no os afecta, pues ya debieran encargase abogados y Fiscales en solicitar corrección y, por supuesto, una serie de Jueces y Magistrados que no iban a dejar pasar fallo tan grande. No sufras, sólo comprende.

Y ahora la distinción entre demanda, denuncia y querella. Creo que lo mejor es, antes de nada, acudir a la definición que da el Diccionario de la RAE. No voy a poder dar definición tan certera ni por allá que pasó.

Demanda es “Súplica,  petición, solicitud” y, entre otros significados, “Escrito con el que normalmente se inicia un proceso y en el que, exponiendo los hechos y los fundamentos de derecho que se crean aplicables, se solicita del juez un pronunciamiento favorable a una determinada pretensión.”

Denuncia es “Documento en que se da noticia a la autoridad competente de la comisión de un delito o de una falta.”

Y querella “Acto por el que el fiscal o un particular ejercen ante un juez o un tribunal la acción penal contra quienes se estiman responsables de un delito.”

De ahí tenemos que, por lo explicado en el anterior post, una denuncia o una querella no pueden utilizarse en civil, social o administrativo, porque no pueden estos últimos ver ni tramitar delitos. En penal, que investiga y juzga delitos, no cabe entender que se solicite una determinada pretensión, ya que lo que hace el penal es ver si hubo un delito y si hay alguien que tenga que ser condenado.

Luego, denuncia o querella no podrá usarse en nada que no sea penal. Y demanda no podrá usarse en penal.

Por su parte, denuncia es poner en conocimiento de la autoridad de la existencia de un posible delito. Se le dice a la autoridad “mire, aquí hay un posible delito”. Y el Tribunal competente (lo que te he puesto antes) empezará la investigación. Puede poner denuncia cualquier persona. De hecho, todo el mundo que tenga conocimiento (date cuenta que no es preciso ser la víctima) de la comisión de un delito está obligado a comunicarlo (art. 259 LECrim), con las excepciones del arts. 260 y 261 LECrim (menores, discapacitados, cónyuge no separado o pareja de hecho, ascendientes y descendientes del delincuente y parientes colaterales hasta segundo grado). La denuncia ha de ratificarla y firmarla quien la interponga (arts. 264 y ss LECrim). Pero ello (poner la denuncia) no implica que pueda estar presente en toda la investigación ni que pueda solicitar diligencias (práctica de pruebas). Si es víctima puede luego personarse como tal. Si no es afectado, será llamado como testigo.

La querella viene a ser lo mismo, pero firmado por abogado y procurador. Con ello se puede estar informado en todo el procedimiento, actuar en las diligencias, y pedir que se practiquen  pruebas (arts. 270 y siguientes LECrim). Hay algunos delitos que necesitan querella o no se tramita, pues no pueden ser perseguidles de oficio (calumnias o injurias).

Es decir, que si ves algún titular como “Denuncia por la vía civil…” es una metedura de pata increíble. Tampoco “Demanda por lo penal” es acertado.

No sé si te habrá ayudado en algo. Espero que sí, y que no haya resultado tedioso. Te explicaré más adelante los principios básicos del procedimiento penal.

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