Al sr. Cancio Fernández, Letrado del Tribunal Supremo

Ayer, 28 de septiembre de 2015, leí en las páginas del diario ABC cómo se analizaba parte de la reciente reforma de la LOPJ, más concretamente la que modificaba el “sentido y sentir” del recurso de casaciónEstado de los estudios  tras reformas legislativas en materia contencioso-administrativa, en artículo de opinión “Hacia un certiorari español en el Tribunal Supremo” (CANCIO FERNÁNDEZ, Raúl C. Diario ABC, 2015, Año CXII, Número 36.432, Madrid, 28 de septiembre de 2015, página 15).

Decía el autor del artículo -a quien muestro mi respeto- posiblemente con toda la conciencia y, a buen seguro, con mucho mayor conocimiento que quien escribe el presente, que gracias al cielo
los políticos por fin habían puesto un poco de sensatez y habían cambiado el recurso de casación en materia contenciosa.

Se regocijaba al ver que, de una vez por todas, se había equiparado a la fórmula “magistral” de otros países, tales como Estados Unidos, Reino Unido o Alemania, paradigma todos ellos tanto de derechos humanos como de libertades. Sin duda el repaso a su conocimiento sobre los mismos es inmejorable. En pocas palabras se entera uno, lo que le hace buen entendedor.

Con ello, decía, se dotaba al Tribunal Supremo del sentido con el que nació. Es decir, que el Tribunal Supremo está para imponer jurisprudencia, y no para resolver todos los recursos que la gente plantee. Así, como ejemplo expone el del TS americano. Se presentan, parece ser, unas 10.000 peticiones al año, y sólo se entra en, aproximadamente un 1%, no sin antes pasar por toda una serie de presupuestos formales muy exigentes (no le encuentro ni la justicia ni la gracia, pero por eso no estoy en esos escalafones).

Con la nueva reforma de nuestra ley se cambia el actual sistema y se pasa a uno parecido. Y se congratula. Por fin los Magistrados del Tribunal Supremo tienen su merecido reconocimiento. Ahora sólo verán lo que tenga interés o relevancia -según su criterio, todo hay que decirlo. Habrán de ser las partes las que tengan que convencer al Tribunal de que le es interesante.

Esa es su opinión, o un extracto. Ahora la mía.

Y he aquí mi total desacuerdo. Dicho precepto, dicha obligación, la mencionada traba, no hace sino impedir el acceso a la Justicia (con mayúsculas) al administrado. 

Legislación aplicable 2015El sistema al que se alude es muy parecido (si no el mismo) que el que se impuso para el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Puede uno hablar, no ya con clientes o compañeros, sino con jueces y fiscales y tienen la misma opinión: resulta casi (por ser positivos) imposible que te vean el asunto en el Tribunal Constitucional.

Pues bien, ahora se pretende lo mismo en la instancia del Supremo. Lo que se produce en realidad es un daño enorme al justiciable, en beneficio únicamente de la carga de trabajo y, por supuesto, en la reputación y ego de aquellos que con sus “sabias” decisiones determinarán el futuro de cada uno de nosotros.

A ver cuándo se enteran aquellos que tan alejados están de los mortales, que cuando uno acude a los tribunales con una demanda -o denuncia o querella en el orden penal- no es porque quiera conocer los pasillos o las salas de vistas como si fuese un parque temático. Tampoco porque no tenga nada que hacer; o porque le encante entretener a los funcionarios; ni porque estén pagados por el partido político de la oposición para saturarlos. Cuando un ciudadano acude a la Justicia es porque se siente perjudicado en sus derechos y sólo encuentra solución en la actuación justa de un tercero designado por el Estado tras una formación encomiable. Método de solución de conflictos que además es la única que permite nuestra Constitución -el “ojo por ojo” o los tribunales al efecto están expresamente prohibidos. ¿Por qué entonces se empeñan en coartarla?

Cuando un cliente quiere recurrir, no es porque un abogado, sediento del dinero de este, le haya convencido. Es porque han visto algo en la sentencia que consideran que no ha llevado a dictar justicia. Es porque consideran que un fundamento de la misma no ha sido bien aplicado y cuyo resultado es del todo lesivo para los derechos (lo que conlleva que deben ser protegidos) del mismo. Una prueba no practicada, una doctrina no atendida, una via administrativa vulneradora de todos los principios que obliga la L 30/92, una vía de hecho,… Señor Cancio Fernández, aunque usted no lo crea, los jueces se equivocan. Y no porque un abogado lo haya engañado vilmente, sino porque son personas, y se equivocan. Se equivoca el cliente, se equivoca el abogado, se equivoca el procurador, se equivoca el funcionario… y se equivocan los jueces. No pasa nada, para eso estanban los recursos, ¿o no?

Ante esas equivocaciones, ha mucho tiempo, contábamos con recursos ante tribunales superiores. ¡Ojo! No se impedía que se pudiesen ejecutar provisionalmente sentencias, no hay que privar de su derecho a quien legítimamente ha ganado en instancia. Pero tenías la posibilidad de que se pudiese subsanar algún error en la sentencia.

Pero no sé si por las presiones o por las designaciones, los políticos han entendido que para atajar el problema la única solución es, bien que los ciudadanos no acudan, bien que no den el follón con sus asuntos poniéndoles primero tasas, quitando recursos después. Así se queda configurado un sistema imposible para el ciudadano, que ve cómo aunque la sentencia sea injusta no puede bajo ningún concepto recurrir.

Y ahora se congratulan todos porque, si ya de por sí era difícil la admisión a trámite de un recurso de casación (porque lo era. Nunca tuvo la facilidad con la que se expone en el artículo), se impone un sistema muy parecido al del Tribunal Constitucional.

Cara o cruz

Cara o cruz

Un despropósito para el ciudadano. Supongo que ustedes, señores titulares de los altos tribunales, no han estado atendiendo a personas “cualquiera“, de pocos recursos o de excesivas necesidades, ¿verdad?

Sumidos en un universo de sabiduría, gozando de interminables tertulias sobre qué es lo que la sociedad necesita, quiere o merece, deciden qué es el bien y qué es el mal.

Yo sí he tenido que intentar la vía del recurso de amparo para mis clientes, y sientes impotencia cuando observas que dicho tribunal te dice que no va a valorar tu asunto “porque no les interesa” (con otras palabras, pero es así, reconozcámoslo), y obligar al mismo a cumplir 6 años de prisión. Que se hayan alegado vulneraciones constitucionales como la condena en aplicación de un artículo no solicitado por las partes acusadoras, que no se haya tenido en cuenta unas dilaciones indebidas de 4 años en una instrucción que duró 6, que no sea relevante la “complementación de la sentencia”… No será relevante para usted. Le aseguro que para esta persona -para la cual están ustedes ahí arriba- sí lo es.

No olviden que están para impartir Justicia a los que se la soliciten, no a los que ustedes consideren. No están en dicho sitio para recibir halagos, premios o reconocimientos, sino para hacer su trabajo. En otro caso deberían pensar en pasarse al cine, moda, música o, con suerte, escritor de prestigio. ¿Mucho trabajo? Como suelen decir ustedes a nuestros clientes: “Nadie les ha obligado. Están ahí porque han querido. Son circunstancias propias del cargo“.

Al igual que exigen que un cajero cumpla con su horario, con tono agradable y respetuoso y no les cierre la cola porque sean “en punto”si no quieren que declaren el despido como procedente, ustedes han de resolver los asuntos de las personas para las que aceptaron trabajar: los ciudadanos.

Si necesitan más personal, pídanlo. Si no hay partida dineraria suficiente, utilicen la que embarguen a narcos y demás. Pero no impidan el acceso a la Justicia a quien tiene derecho, para quienes ustedes están ahí, porque es INJUSTO, y en realidad sería dejación de funciones. En la vida real serían despedidos, y sin posibilidad de recurrir.

Ya le digo. No le encuentro nada a dicha reforma por la que regocijarme. Y eso que dicen de que será por fin mejor para el ciudadano, es falso, permítame decir. Los jueces de lo contencioso-administrativo ya tienen suficiente doctrina y jurisprudencia. Saben una barbaridad, y no es coña. Pueden seguir haciendolo ustedes del mismo modo. El Tribunal Supremo, ahora, no va a resolver sobre una “vulgar” licencia, como deja entrever. Pero esa “vulgar” licencia puede suponer la diferencia entre comer o no de una familia.

Desde luego se aseguran que van a tener tiempo para dilucidar sobre cómo debe entenderse si se aporta una fotocopia a un procedimiento, o si está bien expresada una instancia ante el Ayuntamiento o para darse premios  y reconocimientos mutuamente ante tanto saber. Pero ya les aseguro yo que el administrado ha perdido ya, con esto,  otro de sus derechos básicos.

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