Tasas Judiciales: Aplicación práctica

Hace ya algún tiempo nuestro ex-ministro de Justicia, sr. Gallardón, tuvo la feliz idea, entre otras, de imponer una serie de tasas para poder acceder al derecho de todos a la Justicia (el nuevo ministro no las ha quitado, por cierto). Contradictorio, pero ¡ea!

La justificación venía, según lo expresado en la misma norma, en que así el dinero recaudado iría a las cuentas de la partida destinada al abono del Turno de Oficio, labor tan esencial para la sociedad como olvidada para los gobiernos.

Por otro lado estaba la justificación de que el ciudadano usaba con descaro y sin medida el acceso a la justicia, ya que como no les costaba nada pues se dedicaban a pleitear entre sí. Ya saben, de todos es conocido que cuando el diablo no tiene nada que hacer, mata moscas con el rabo. Y en cristiano significa que cuando el español no tiene nada que hacer, pleitea.

La realidad es otra. La aplicación práctica es la siguiente:

Primero. El Estado recauda. Recauda. Recauda. Y así sigue.

Segundo. El turno de oficio no ha olido un duro de las Tasas. Yo también trabajo en el turno, y además en el que depende directamente del Estado al no tener mi Comunidad las competencias delegadas (y viendo lo visto ¡menos mal!). Ni hemos olido un duro, ni se nos ha dicho cuándo lo vamos a oler. A decir verdad, siempre hemos tenido claro que ese dinero no va dirigido  a abonar los servicios prestados en Turno de Oficio, por lo menos no a corto plazo ni de todo lo recaudado.

Tercero. El ciudadano sigue pleiteando. ¿Menos? Sí, es verdad. Pero no porque antes pleitease por tonterías y ahora no quiera perder su dinero para “tocarle los cojones al vecino” (y perdón por la expresión), sino porque no puede.

El ciudadano medio (el que todavía tiene unos ingresos algo superiores a los mil y pico euros) sigue sintiéndose afectado, su casa se le cae y el seguro se frota las manos porque se quita muchas reclamaciones al no poder pagar el reclamante tasas, abogados, procuradores y no tener derecho a justicia gratuita… Es decir, se pleitea menos, pero no porque ahora se haga un uso más adecuado -antes ya se hacía-, sino porque se impide a este ciudadano medio -aunque ya se esfuerzan los gobernantes en que esta clase media desaparezca- que pueda acceder a la Justicia, bueno, en realidad al Juzgado, porque lo de “Justicia” habría que verlo uno a uno.

Cuarto. La Administración hace y deshace con total impunidad. A mi juicio es la tasa más injusta -todas lo son, pero esta es todavía más- pues la Administración puede imponerte una sanción, ejecutarte vía apremio y echarse una siesta.

No son pocas las situaciones en las que la administración obvia los derechos del ciudadano, interpreta como le da la real gana el procedimiento -si es que lo sigue-, y ejecuta cuando quiere. Tiene la tranquilidad de que, gracias a las tasas, un porcentaje muy elevado va a renunciar a la interposición judicial. ¿Cuánta gente renuncia a pleitear una sanción ejecutada de 90,00€ porque las tasas ya son 45,00€?¿Y el procedimiento administrativo? Les da igual, te van a seguir diciendo que no tienes razón y a ejecutarte. ¡Da igual que te estén ejecutando una sanción leve que ya terminó de recurrirse y finalizó en 2011, habiendo superado con creces el plazo para poder hacerlo! Recurre, recurre. Te van a decir que no. Y la mayor parte no van a ir al Juzgado, porque tienes que pagar la mitad de la sanción en tasa.

¿Y si ganas? Ya te devolverá Hacienda la tasa. La Administración te devolverá el dinero (cuando quiera/pueda), pero no habrá costas. A lo mejor te caen un par de euros de intereses. Así que para ella será como si hubiese cumplido en su momento, solo que con la tranquilidad de que la mayor parte no va a recurrir (se traduce en ingresos para sus presupuestos), y si lo hacen, han tenido ese dinero en cuenta bancaria -lo que le genera unos intereses en banco superiores al que te van a abonar-, haciendo que le sea rentable llegar hasta la sentencia condenatoria. Lamentable. Injusto. Bochornoso.

Quinta. Los juzgados siguen desbordados. Bien es cierto que están más desbordados por la cantidad de operaciones por delitos cometidos por cargos políticos como malversación, cohecho, tráfico de influencias… que por otra cosa. Pero siguen desbordados. Y también, porque gracias a las buenas medidas de nuestros gobernantes, ya hay más beneficiarios -involuntarios- de justicia gratuíta -aunque el sr. Gallardón intentase ponerle trabas a estos también-, con lo que se sigue pleiteando sin tasas.

Sexta. Sólo ha servido para impedir el acceso a la justicia a quien no puede abonar las tasas sin poner en peligro otras necesidades vitales y no tiene derecho a la justicia gratuíta; y para que la Administración tenga más ingresos, tanto directos (tasas), como indirectos (lucro que conlleva actuar con total impunidad). No queda más: Adiós Justicia, adiós.

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