Las soluciones del Gobierno en Justicia

La “Justicia” en España siempre ha sido lenta. Ha sido su principal característica desde que tengo conocimiento. Pero al final, en la mayoría de los casos, había justicia. O por lo menos el sistema ofrecía una serie de garantías con el que el justiciable se sintiera amparado, aún no teniendo una sentencia satisfactoria a sus intereses: tienes varios recursos, y si después de todos no te dan la razón, a lo mejor es que no la tienes.

Pero ocurre que, tras mil estadísticas, el Gobierno (da igual el actual que el anterior, o anterior, o anterior…) se da cuenta de que la gente piensa que la justicia es lenta. Y el hecho de ser lenta hace que de la sensación al ciudadano en que es inútil -con toda la razón- y eso no es bueno para las elecciones. Para ello se ponen a trabajar y, viendo que sus planteamientos, esfuerzos y decisiones -algún juez de refuerzo, unos edificios más grandes, la construcción de Palacios/Ciudades de Justicia impresionantes, unas carpetas nuevas, un nuevo sistema informático, cámaras para grabar los juicios, máquinas en los pasillos que te graban los juicios en un pendrive…- no aceleran la resolución de conflictos, deciden tomar nuevas decisiones.

Es ahí donde el hoy su Excelencia el Ministro de Justicia, el señor Gallardón, se le enciende una bombilla -de muy bajo consumo- y decide hacer unas “reformillas” e imponer las tasas. Basa la justificación de esta última (mentira, por cierto) de su imposición en que así podrá sufragar mejor el Turno de Oficio, al que le hacen falta caudales (esto es cierto). Pero no sólo no dedica el dinero al Turno de Oficio, sino que además se pone de manifiesto la única y real motivación: “acelerar” la justicia “descongestionando” los juzgados a través de impedir el acceso a la justicia del ciudadano.

Este tema ya lo tratamos, por lo que no me detendré mucho. Lo único decir que en este tiempo las tasas han impedido el acceso a la justicia a muchos ciudadanos. Ha impedido recurrir resoluciones absurdas e injustas de nuestros tribunales a muchísima gente por no tener esos 800,00€ base necesarios, o cualquier otro importe. Hemos oído -sin poder decirlo- de jueces en “petit comité“, entre otras: “Sé que esta resolución me la van a impugnar como incidente de nulidad. Como la resuelvo yo, voy a confirmar la resolución, y tendrían que acudir a apelación“, en referencia al abono de tasas y depósitos en procedimientos cuya cuantía es muy similar al de la tasa. Vamos, que se cumple todo aquello que los grupos de jueces y, sobre todo, abogados veníamos diciendo: las tasas son injustas, y su justificación mentira.

Junto a estas tasas se une la reforma que afectó directamente a los recursos. Desde luego que este también aligera la justicia. Si no hay recurso posible, no hay trabajo para juzgados y audiencias, luego todo va más ligero. A mi juicio es tan importante o más que la imposición de tasas, y sin embargo es algo a lo que la gente no le ha hecho caso, y eso si se ha enterado. Se han suprimido los derechos a recurso en determinados procedimientos porque no son “relevantes”. Lo de no ser relevantes es una interpretación muy personal. Dos mil euros, mil euros, quinientos euros… puede que no sean interesantes para un Gobierno, o para los Jueces, que tienen cosas más “importantes” que hacer, como justificar no imputar a políticos, estudiar su indulto, y otras similares. Pero esos “míseros” quinientos euros pueden ser la diferencia para unos, apenas, cuarenta y seis millones de personas, entre poder pagar la cuota de hipoteca o no, comer o no, poder echar gasolina o no. Vivir, vaya. Esos quinientos euros son prácticamente una nómina actual en muchos trabajos (el salario mínimo está establecido por el Gobierno en unos 645€). Si no puede pagar esa familia la cuota ese mes, ¿qué le hace pensar al Gobierno -o Justicia- que va a poder hacerse frente a la siguiente cuota más la debida, más su interés moratorio? Pues sí, a mi modo de ver, esos “quinientos eurillos” son importantes y deben tener acceso a recurso, y sin tasas, porque, díganme ¿cómo va a pagar otros 150,50 de tasas cuando reclama por 500? Y si pierde, ¿por qué no puede recurrir? Muchas sentencias se ganan en recurso, o por lo menos antes. ¿No tiene derecho a intentar demostrar su razón, como antes? Que la sentencia sea más sucinta, que se ajusten más los plazos para resolver dichos procedimientos, pero que no se anulen ni quiten la posibilidad de recurrirlos.

Ahora quieren -y ya dan por hecho- trasladar los juzgados a las capitales de provincia. Hombre, a determinados partidos judiciales no capitales de provincia se les respetará. Pero que vamos, que a la capi. Se ve que a la gente de los pueblos -o ciudades no capitales y no muy “importantes”- no les afectan los asuntos, o que no son importantes, o que sus asuntos nunca serán relevantes. O simplemente que son menos que los de la capi. Que pueden disponer de dos horas -tiempo que doy fe de muchos sitios- de viaje para llegar a las 9:00 al Juzgado capitalino el día señalado, y salir a las 15:00 de vuelta a su casa (a la que llegarán a las 17:00). Que tienen el dinero también para hacerse cargo de ese coste (día perdido de trabajo, gasolina, desayunar o comer fuera…). Los de fuera de la capi pueden. Los de la capi no, tienen cosas más importantes que hacer. Los que no son de capital “sólo” plantan ajos, o se pelean por un mojón o porque el vecino les ha roto el botijo. Por eso los Juzgados allí es donde deben estar, para dar celeridad a la resolución de los asuntos realmente importantes.

Desde luego que van a conseguir (faltaría más) descongestionar la Justicia. ¿Y luego? ¿Ahorrarán costes despidiendo a funcionarios, jubilando a jueces, magistrados y fiscales? ¿Ingresarán vendiendo esas sedes que se quedan vacías? ¿Dedicarán esos ingresos y ahorros en aprovisionar al Turno de Oficio, en ayudar a que la gente pueda ir a las capitales a defenderse, a instaurar nuevos sistemas que agilicen los procedimientos? ¿Aprovecharán esa descongestión para buscar nuevas y buenas soluciones? Y si llegan a ello, ¿volverán a acercar la Justicia a los ciudadanos, de dónde nunca debió alejarse? Y, mientras tanto, ¿cómo se queda nuestro organigrama judicial para el ciudadano que ni es conocido, ni es político, ni tiene una gran empresa, ni grandes cantidades de dinero…?

 

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2 Respuestas a “Las soluciones del Gobierno en Justicia

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