Sentencia de Matas… la primera, claro

Hemos tenido acceso a la sentencia (primera de las que se esperan) de Jaume Matas, la cual también se refiere, y mucho, a Antoni Alemany. La sentencia es vasta, concienzuda, de unos cuantos folios, lo cual es normal no tanto por el tipo de delitos que se imputan o por el desarrollo del juicio. Es más probable que se deba a que es una resolución que acabará siendo revisada al detalle por todo aquel que quiera, como de hecho ha sido.

No se le puede quitar mérito a la resolución, ni a la instrucción o a las sesiones de juicio. De hecho el expediente consta de más de 4600 folios, todos ellos para acusar por el Ministerio Fiscal (a lo que se adhiere la acusación particular) la comisión de un total de 4 hechos conectados y una pena de prisión solicitada de 6 años por un lado (Malversación continuada en concurso con falsedad en documento mercantil, público y prevaricación continuada), año y medio por otro (delito fraude a la Administración) y un año por el último (Tráfico de influencias). Todos ellos con sus respectivas penas accesorias (inhabilitación especial de empleo y cargo e inhabilitación absoluta) y el pago de responsabilidad civil, como no podía ser de otra forma.

La sentencia, la verdad, desmenuza los hechos, siendo muy pocas veces las que el lector llegue a considerar que ha “perdido el hilo”. Y ello a pesar de que todos los casos estudiados y enjuiciados están relacionados, son muchos datos, hay muchas interconexiones y se nombran a una variedad de sujetos, que no siempre coinciden en todos los asuntos ni con el mismo grado de participación. Es decir, la sentencia está bastante trabajada, con independencia de que sea más o menos justa, o que se ajuste más o menos a lo visto en las sesiones de juicio (13 días de jucio), o que se halla contemplado o no la realidad de la prueba y expediente.

El primero de los casos que se investiga dentro del mismo procedimiento es el de pagos de facturas. Queda demostrado, según el Tribunal, que se abonaron facturas por importe de 2.000 al señor Alemany por unos determinados servicios, con cargo al Gobierno de las Islas Baleares, sin ser debido su abono. Vamos, que no habían sido cumplidos los contratos que se le pagaron.

Otro es el caso del concurso de la empresa “Nimbus”. Queda acreditado que, para conformar al señor Alemany en sus reclamaciones económicas, no pudiendo acceder al puesto ofertado por el señor Matas sin perder la posición que ocupaba en ese momento -tenía contrato privado, gozaba de imparcialidad y credibilidad…-, el Gobierno Insular convoca un expediente de contratación (para sus discursos y publicidad) un concurso bajo la forma de urgente (se agilizan funciones, se acortan muchísimo los plazos, se publica durante menos tiempo…) restringiendo claramente la concurrencia de licitadores. Tal es así, que se presenta únicamente la empresa del señor Alemany, “Nimbus Publicidad, SL”. Se utilizaba, según sentencia, la empresa para pagar al señor Alemany. Los importes salían de aplicar una comisión sobre los trabajos del señor Alemany a través de su (otra) empresa “Consultores de la Información, SL2, que a su vez facturaba mensualmente a Nimbus. Es decir, Nimbus pagaba mensualmente a la  otra empresa de Alemany. Lo más llamativo: que queda demostrado que el objeto del contrato por el que Nimbus cobraba de la Administración ni se cumplió ni hubo “intención de”. Es decir, que sólo estaba para que Alemany cobres los servicios que Matas considerase, aprovechando este últimos los servicios, la credibilidad y supuesta “imparcialidad” política que se le asumía al redactor.

El tercero de los casos es el del concurso menor. En este, a instancia del señor Alemany, otro interviniente (el señor Juan Martorell, también condenado por esta sentencia) inició la tramitación de un contrato menor para contratar a la empresa del señor Alemany por 11.550€, a pesar de saber este interviniente que el contrato era sólo para que el primero (Alemany) aumentase sus ingresos. Alemany presenta factura por esta cantidad, que Martorell confirma para pago, que finalmente se realiza, a pesar de saber que no ha habido trabajo realizado que lo justifique. Por el contrario, en este asunto, no consta que el señor Matas interfiriese.

El cuarto es el caso subvención. Aquí se vislumbra más un ansia y pretensión personal. Alemany quiso desarrollar y editar un periódico digital (“libertadbalear.com”) bajo la protección de su mercantil. “Nimbus” sería quien gestionase la publicidad, pero no tenía suficientes fondos. Para conseguir el objetivo, Alemany, quiso crear una agencia de noticias, aunque esta necesitaba de fondos. Una subvención, lo mejor, claro. Con este fin se reunió con Matas y Martorell. El presidente se ofreció a ayudarlo vía subvenciones hasta donde pudiese. El periodista creó sociedades pantallas (Agencia Balear de Noticias, SL) para tal fin, siendo socios familiares y muy allegados.

Curiosamente se aprueban convocatorias de subvenciones en materia de medios de comunicación, a las que, ¿cómo no?, se presenta la anterior empresa. Según parece fué el señor Matas el que expresó que se le debía otorgar a esta mercantil el máximo en cuanto puntuación, para conseguir todo lo que se pudiese. De esta forma consigue una subvención de 449.734€, después de alcanzar una puntuación excesiva.

En lo que parece un control totalitarista, Alemany imponía a todos los colaboradores la presentación de factura mensual, varias veces con idéntico importe, y con independencia de si trabajaron para el periódico o para la agencia, presentadas a nombre de la mercantil “Agencia Balear de Noticias, SL”. Esta presenta factura a la Administración, y esta la abonaba.

Por los hechos relatados Matas es absuelto de dos delitos de prevaricación, dos de falsedad en documento mercantil y dos de malversación de caudales públicos (punto segundo del fallo). Pero es condenado:

1. Como autor por inducción, por fraude a la Administración. Con la misma autoría por delito continuado en falsedad documental oficial e igual delito en documento mercantil, y delito continuado de prevaricación en concurso con delito continuado de malversación. Por estos, 5 años, 3 meses y 1 día de prisión

2. Autor de un delito de tráfico de influencias agravado. Pena de 9 meses y 1 día de prisión.

En próximos post, intentaremos explicar en qué cosiste la malversación, la prevaricación, el tráfico de influencias… Parece que va a ser más necesario que saber cuáles son los ríos que recorren la península.

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