¡Adiós, Justicia, adiós!

Increíble, una broma de mal gusto. ¡Aberrante! Sin más.

Se ha presentado un anteproyecto de Ley de Medidas de Agilización Procesal, APROBADO POR CONSEJO DE MINISTROS para más «INRI», el cual, tras una somera lectura no puede uno sino escandalizarse como mínimo. Agilizar suele entenderse como dar rapidez o facilitar un proceso, mientras que no trabajar o impedir el acceso a alguien para que otro no trabaje han sido siempre cosas bien distintas. No sé cuándo el concepto de no trabajar fue aceptado como sinónimo de agilizar, ¡y que se premie!

La justicia (si se da el caso) es lenta. ¿Por qué? Los procuradores y abogados responsabilizan al sistema -trámites y plazos exigidos por la ley-, a los funcionarios -ya sea por el escaso número, o por el escaso interés de alguno de ellos- y a jueces y magistrados. Los funcionarios dicen que la culpa es de los abogados, que no los procuradores, porque retrasan hasta el último momento el cumplimiento de sus obligaciones, molestan preguntando constantemente por su asunto -«si no te he comunicado nada, es que no hay nada nuevo»- y no les dejan trabajar; así como al exceso de asuntos turnados para cada uno, con la falta derivada de medios y personal. Los jueces y secretarios, a la falta de apoyo de personal, exceso de asuntos que le corresponden con las distintas formalidades de cada uno (a lo que se suma la gran variedad y disparidad de temas), plazos que cumplir, guardias… y por supuesto a los abogados.

Ahora el Legislador ha dado con el problema: el justiciable. Él es el auténtico responsable. ¿Si no quisiese reclamar sus derechos! Sí, el ciudadano es «cabezón». ¿Qué es eso de querer justicia para su asunto?

¡Hombre, no es tan radical!, podrán pensar algunos. Realmente es posible que no. ¿Se puede acceder a la justicia? Sí. Pero si tu reclamación de cantidad no supera la cantidad de seis mil euros -no todos los procedimientos, pero sí bastantes-, y has perdido en primera instancia… ¡se acabó!. No ha lugar a recurso. Eso de que el Juez de Instancia no haya valorado bien la prueba, no te haya dejado practicar alguna que consideras importante o cualquier otra circunstancia que se podía alegar, ya no es motivo para intentar que se le haga justicia conforme a sus intereses si no cumple el nuevo requisito.

Y, ¿qué importancia tienen los procedimientos de menos de seis mil euros? Para aquella gente de arriba, poco o nada. Pero para los de aquí abajo… puede suponer que no puedas pagar luz, agua, teléfono, gasolina, la hipoteca. La mayor parte de la gente tarda seis, o más, meses en tener tal cantidad. No tener la misma puede arruinar una familia entera. No dejarte poder acudir a una apelación para obtener justicia es, simplemente, injusto. Insistimos al lector en que un importante porcentaje de asuntos tienen que resolverse en las audiencias provinciales por cuanto, en no pocas ocasiones, los juzgados de primera instancia están en «la luna de Valencia» mientras en su sala se está celebrando un juicio, y esto también lo decimos con conocimiento de causa.

Pero no acaba aquí la reforma. Entre otras cosas se pretende que el recurso ante el TS (Tribunal Supremo), que ya era más que complejo su acceso, se quiere establecer un límite mínimo de ¡800.000 euros! ¡Lógico! ¿Qué asunto de menor cantidad tiene entidad suficiente para acudir y molestar a tal Tribunal? Ya que apenas van a tener nuevo trabajo, pues este va a ser el «recurso rico» o «recurso de élite», esperemos que dejen de tardar lo que tardan para resolver los asuntos que les lleguen, así como los que tienen ya, y cumplir con los plazos (como el resto de operadores jurídicos)… o incluso antes, por lo menos para los agraciados que accedan.

Y, siguiendo con algunas reformas más, tales como la imposición de tasas (no ya las impuestas en 2009) para el acceso a la Justicia -que, por otro lado, si van a haber menos juicios, ¿para qué?- se establece la condena en costas siempre cuando se desestimen las pretensiones en los procedimientos contenciosos-administrativos. Es decir, a olvidarnos de intentar recurrir en un juzgado una multa, o una sanción de la Seguridad Social o Hacienda, o de la Inspección de Trabajo, o del Ayuntamiento… Pero ¿si no dice que no puedas acudir? Cierto, pero ¿quién va a acudir a recurrir una sanción -que de por sí implica que se tiene que pagar- con la sombra de la condena en costas? No olvidemos que hablamos de ir contra la Administración, cuyos funcionarios tienen potestades que no el resto, carácter de veracidad y demás. Olvida el Legislador que la Administración NUNCA da toda la información hasta que no llegas al Juzgado, y aún así… Añadanle que nunca encuentras un superior -dentro de la Administración- que reconozca que el acto recurrido estaba mal («rara avis»). Y si se pierde en el juzgado, ¿quién tendrá dinero y/o ganas de acudir al TSJ -Tribunal Superior de Justicia- o al TS con los temores de las condenas en costas?

Hubo un tiempo en el que al contencioso se podía ir buscando justicia sin miedo a la condena en costas en primera instancia y, si no te la daban, acudías al superior. Recordaremos la época en la que tanto el TS como el TSJ rectificaban a Juzgados y, sobre todo, a la Administración por la actuación irregular de esta última, poniendo un poco de orden y adecuación a los tiempos, aunque se hubiese interpuesto por una sanción de Hacienda por una imputación de la Renta, o por una multa mal puesta de los «federatarios» O.R.A., es decir cuando aún tenían ganas y trabajaban por el administrado.

¿Significará esto que, por fin, tendremos una Administración justa, con conocimiento, que ayude al ciudadano, que no imponga sanciones por lo que les ha parecido una infracción, que resuelvan conforme a legalidad y no desestimar «sin ton ni són» las alegaciones del administrado, cumpliendo con las reglas sobre pruebas, plazos, congruencia, proporcionalidad, presunciónde inocencia…? Si es así, tal vez no sea para tanto. Si no es así, la falta de control por parte de la justicia a través del administrado sobre la administración, supone, sin más, crear un monstruo con un poder terrorífico.

Simplemente por la experiencia que uno ya acumula, nuestra obligación es informar a todos los lectores de que lo que está en juego es todo un sistema de derechos y garantías que ha costado mucho poner a funcionar, y que ahora simplemente les ha apetecido eliminar, habiendo empezado en el año 2009 y continuando con el imparable año de reformas que fue el 2010, que con la presente ya han dejado en mantillas. ¡Dios nos libre de llegar al 2012!

http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/A/A_117-01.PDF

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3 Respuestas a “¡Adiós, Justicia, adiós!

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